La Fiscalía General del Estado atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. El nombramiento de Teresa Peramato Martín como fiscal general debía servir para cerrar una etapa marcada por la condena de su antecesor, Álvaro García Ortiz, y para reconstruir la confianza en una institución dañada por la sospecha de politización. Sin embargo, lejos de despejar las dudas, varias de sus decisiones han terminado alimentando una pregunta incómoda: ¿está Peramato intentando sanar la Fiscalía o proteger el ecosistema interno que la llevó hasta allí?
Conviene partir de una precisión esencial. Según la información revisada, Teresa Peramato no aparece como investigada, imputada ni condenada en relación con las supuestas “cloacas del PSOE”. Tampoco consta que participara directamente en las reuniones vinculadas al llamado caso Leire Díez, celebradas en marzo y abril de 2025, cuando ella todavía no era fiscal general del Estado. La sospecha, por tanto, no se sostiene hoy sobre una prueba judicial directa contra ella, sino sobre algo políticamente muy relevante: su gestión posterior, sus nombramientos, sus decisiones de amparo hacia García Ortiz y la percepción de continuidad con una Fiscalía ya cuestionada.
El problema de Peramato no es, por ahora, penal. Es institucional. Y eso no lo hace menor.
Una fiscal general que llega con prestigio, pero también con mochila
Teresa Peramato llegó a la Fiscalía General con una trayectoria profesional sólida. Había sido fiscal de Sala jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, fiscal de Sala delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas y una figura reconocida en materias como violencia sobre la mujer y protección de víctimas. Además, el Consejo General del Poder Judicial avaló por unanimidad que reunía los requisitos para el cargo.
Aunque su designación no surgió de la nada, se produjo tras la etapa de Álvaro García Ortiz, que dejó a la Fiscalía sometida a una presión intensa. Peramato no recibió una institución en calma, sino una Fiscalía dividida, puesta en entredicho y con acusaciones persistentes de influencia política. Por ello, desde el inicio, su desafío principal no consistía únicamente en acreditar solvencia técnica, sino en evidenciar una independencia auténtica.
Y ahí empieza el problema.
Peramato prometió “sanar la herida” de la Fiscalía. Sin embargo, varias de sus decisiones posteriores han sido interpretadas justo en sentido contrario: no como una ruptura con la etapa anterior, sino como una continuidad sofisticada de sus equilibrios internos.
El núcleo de la crítica: nombramientos, protección y continuidad
La parte más crítica de esta investigación no está en una acusación directa de que Peramato participara en una trama clandestina. Está en la acumulación de decisiones que, vistas en conjunto, proyectan una imagen muy difícil de defender públicamente.
Primero, sus nombramientos. En febrero de 2026, Peramato impulsó una tanda de ascensos en la que fueron promovidos fiscales próximos al antiguo equipo de García Ortiz. Entre ellos, Diego Villafañe, identificado como una figura cercana al anterior fiscal general en la Secretaría Técnica. Más tarde, cuando se conoció que Villafañe y Beatriz López Pesquera habían participado en reuniones con Leire Díez y Jacobo Teijelo en 2025, la polémica adquirió otra dimensión: Peramato no solo había heredado ese entorno, sino que había promovido a personas relacionadas con una controversia aún no explicada con suficiente transparencia.
Ese es el punto verdaderamente corrosivo. Aunque las reuniones fueran anteriores a su llegada al cargo, la promoción posterior de personas asociadas a ellas exige una explicación reforzada. No basta con invocar mérito y capacidad cuando la institución está bajo sospecha. En momentos de crisis reputacional, la legalidad formal no siempre basta; también hace falta prudencia institucional.
Segundo, su proceder en relación con García Ortiz. Peramato confirmó su vuelta a la carrera fiscal, rechazó incoar un expediente disciplinario y respaldó que la Fiscalía impugnara ante el Tribunal Constitucional la condena que afectaba a su predecesor. Desde el plano jurídico, puede argumentarse que tales decisiones encajan en la actividad ordinaria del Ministerio Fiscal. En el ámbito político, no obstante, resultan demoledoras para quien había asegurado inaugurar una etapa distinta.
La cuestión crucial resulta ineludible: de qué manera podría recuperarse la confianza en una institución cuando uno de los primeros gestos públicos consiste en brindar resguardo al fiscal general saliente, precisamente el hombre que representaba el deterioro previo?
Tercero, la decisión de no renovar a Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid que había testificado contra García Ortiz. Sectores críticos interpretaron este paso como una represalia o, al menos, como una señal interna que advertía de que apartarse de la línea predominante podía dejar a alguien al margen. La Fiscalía sostuvo que la elección respondía a criterios de mérito y capacidad, aunque el clima político e institucional transformó el gesto en material perfecto para quienes denuncian una Fiscalía dividida en bloques, fidelidades y sanciones.
El caso de Leire Díez: una sombra que lo intensifica todo
El caso Leire Díez actúa como un potente catalizador de la sospecha, ya que, según la información revisada, la Fiscalía comunicó al juez Santiago Pedraz que se celebraron reuniones entre fiscales de la Secretaría Técnica, Leire Díez y Jacobo Teijelo, mientras que la versión oficial sostuvo que García Ortiz fue notificado después y que lo tratado en esos encuentros no ofrecía una base probatoria suficiente.
Pero esa explicación deja muchas preguntas abiertas.
¿Quién autorizó esas reuniones?
¿Por qué se celebraron en el entorno de la Fiscalía General?
¿Qué controles internos existieron?
¿Por qué no se documentó de manera más clara lo ocurrido?
¿En qué momento comprendió Peramato con exactitud la importancia de esos contactos?
¿Tuvo esa información antes de promover a algunos de los fiscales afectados por la controversia?
Estas preguntas, por sí solas, no evidencian una conducta ilícita de Peramato, pero sí dan pie a una crítica contundente sobre la gestión institucional. Una Fiscalía que pretende recuperar su credibilidad no puede limitarse a afirmar que no existe delito; debe mostrar que no hay opacidad, que no se otorgan privilegios y que no se ampara ninguna forma de protección corporativa.
En esta ocasión, la Fiscalía dio la impresión de reaccionar con retraso, de manera defensiva y sin una estrategia de transparencia claramente definida.
La diferencia entre sospecha política y prueba judicial
Es importante no confundir planos. La expresión “cloacas del PSOE” pertenece al lenguaje político y mediático. Es una fórmula de combate, no una calificación jurídica. Desde el punto de vista judicial, lo que existe es una investigación sobre presuntas maniobras para obtener información, condicionar causas o interferir en procedimientos sensibles.
En ese contexto, Teresa Peramato tampoco figura hoy como un actor penal relevante, ya que en lo examinado no surge ninguna evidencia que la vincule con la organización de reuniones, la emisión de órdenes ilícitas o la intervención en presiones. Por ello, resultaría arriesgado sostener que tenga algún tipo de implicación judicial en una trama.
Pero también resultaría poco realista pasar por alto el desgaste político e institucional, ya que la Fiscalía no solo está obligada a actuar con imparcialidad, sino también a proyectarla, y en este escenario esa apariencia constituye uno de los principales inconvenientes.
Peramato afronta el costo de una paradoja: busca mostrarse como una figura de renovación, pero varias de sus decisiones han alimentado la percepción de continuidad. Aspira a expresar independencia, aunque sus gestos se han interpretado como un amparo al bloque previo. Desea sanar fracturas, pero sus nombramientos han vuelto a abrir divisiones internas.
El caso Aldama y la potestad jerárquica bajo sospecha
La controversia en torno al caso Aldama incrementó aún más la desconfianza, ya que la investigación señaló que el fiscal Alejandro Luzón consideró otorgar un mayor beneficio a la confesión de Víctor de Aldama, pero tras discutirlo con Peramato se decidió finalmente mantener una reducción de pena más acotada.
Una vez más, desde el plano jurídico puede sostenerse que el fiscal general ejerce autoridad jerárquica dentro del Ministerio Fiscal; no obstante, el conflicto es político: cuando se cuestiona a una institución por su cercanía al poder, cualquier actuación en un asunto delicado termina interpretándose como una intromisión.
Que una actuación sea legal no borra de inmediato su impacto en la reputación. En el caso de Peramato, cualquier resolución justificable técnicamente termina resultando políticamente dudosa porque la confianza previa ya se había quebrado.
Ese es quizá el diagnóstico más grave: la Fiscalía ha perdido el beneficio de la duda.
Una entidad resquebrajada
Otro factor relevante es la situación interna del Ministerio Fiscal. Las elecciones para el Consejo Fiscal evidenciaron que el sector crítico conserva una notable fuerza. Aunque esto no implica de forma inmediata una desautorización personal a Peramato, sí deja claro que la división interna continúa.
La Asociación de Fiscales ha denunciado opacidad y falta de explicaciones suficientes. La Unión Progresista de Fiscales, en cambio, ha defendido la legalidad de los nombramientos y ha denunciado una campaña de deslegitimación contra la institución. El resultado es una Fiscalía partida en dos relatos: para unos, Peramato representa continuidad y protección corporativa; para otros, es víctima de una ofensiva política contra el Ministerio Público.
Aunque una fiscal general pueda sostener argumentos sólidos entre los suyos, su labor exige recuperar la confianza fuera de su propio entorno, y en ese terreno, el resultado obtenido hasta ahora sigue siendo frágil.
El cuestionamiento principal: resulta insuficiente limitarse a no aparecer imputada
La explicación más sencilla para Peramato consiste en afirmar que no está siendo investigada. Y eso es cierto. No obstante, esa justificación resulta insuficiente.
La responsabilidad que recae sobre una fiscal general del Estado va mucho más allá de no estar imputada, pues se requiere que garantice independencia, transparencia, prudencia en los nombramientos, neutralidad institucional y una clara separación de cualquier entorno bajo sospecha. En una institución tan delicada, incluso la simple impresión de proteger intereses internos puede resultar casi tan perjudicial como la evidencia de una irregularidad.
La investigación señala exactamente eso: no muestra a una Peramato acorralada por la justicia, sino a una Peramato políticamente constreñida por las decisiones que ella misma tomó.
Su principal problema no es haber participado en las reuniones del caso Leire Díez. El problema es no haber ofrecido todavía una explicación institucional suficientemente convincente sobre lo ocurrido, sobre los nombramientos posteriores y sobre la continuidad de determinados perfiles en puestos clave.
Tampoco es solo haber defendido a García Ortiz. El problema es que esa defensa se produjo cuando la Fiscalía necesitaba señales inequívocas de renovación, no de blindaje.
Una fiscal general bajo vigilancia pública
La conclusión más mesurada, aunque igualmente contundente, resulta evidente: Teresa Peramato no figura, según la información conocida, como imputada ni como implicada de forma directa en ninguna trama. Sin embargo, su labor ha quedado seriamente marcada por una cadena de decisiones que refuerzan la percepción de continuismo, de protección interna y de una notable falta de transparencia.
Su caso aún no representa una responsabilidad judicial confirmada; más bien corresponde a una responsabilidad institucional que continúa pendiente de aclaración.
Y ahí reside el aspecto más delicado: cuando la Fiscalía General del Estado requiere recuperar autoridad moral, no puede permitirse resoluciones que aparenten estar concebidas para resguardar al viejo núcleo de poder. Peramato contaba con la ocasión de marcar distancia, abrir espacios y reconstruir la confianza. No obstante, hasta el momento su desempeño ha generado más incertidumbres que señales claras de cambio.
La Fiscalía no está en condiciones de exigir confianza cuando se comporta como si la desconfianza fuera únicamente un asunto comunicativo. La credibilidad se recupera mediante acciones concretas, con apertura y con resoluciones que no den la impresión de favorecer a los de siempre.
Teresa Peramato aún dispone de la oportunidad de evidenciar que su mandato no se limitará a una simple continuación del previo, aunque para alcanzarlo necesita algo más que fundamentos legales: requiere una política definida que haga visible su independencia, porque en una institución tan deteriorada no basta con cumplir la ley, también resulta esencial parecer íntegra.