La Agencia Tributaria enfrenta una nueva convulsión interna tras hacerse público el reemplazo de dos de sus figuras directivas más destacadas: Virginia Muñoz Fernández, al frente del Departamento de Recaudación, y Manuel Trillo Álvarez, responsable del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria. Estos cambios tienen lugar en un momento especialmente delicado para la institución, condicionado por la salida de Soledad Fernández Doctor de la dirección general y por el creciente clima político en torno al llamado caso Zapatero.
Los recientes movimientos en la cúpula de la AEAT se producen después de que el juez del caso Plus Ultra brindara a Hacienda la opción de intervenir como posible afectada por las joyas incautadas en el despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, tasadas en 1,3 millones de euros, una decisión que ha incrementado la presión sobre el organismo tributario al poder implicar efectos significativos en la evolución judicial del caso.
Aunque Hacienda defiende que los relevos responden a motivos profesionales y a movimientos previstos con anterioridad, la coincidencia temporal ha alimentado serias sospechas de la oposición y de la ciudadanía. El hecho de que las salidas afecten precisamente a dos departamentos clave —Recaudación e Inspección— ha intensificado la lectura de que la Agencia Tributaria atraviesa una crisis interna de mayor calado.
En este contexto, el relevo de Muñoz y Trillo se suma a la incertidumbre sobre la posición que adoptará finalmente Hacienda en el procedimiento relacionado con Zapatero. La cuestión central sigue siendo si la Agencia Tributaria se personará o no como perjudicada, una decisión que ha convertido estos movimientos internos en un asunto de alto impacto político e institucional.
La sospecha de motivación política aparece por la coincidencia temporal de diversos elementos; en primer lugar, la marcha de Fernández se hace pública justo después de que el juez del caso Plus Ultra planteara a Hacienda la posibilidad de personarse como parte perjudicada por las joyas incautadas en el despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, tasadas en 1,3 millones de euros, según reveló The Objective.
Segundo, el Partido Popular había ampliado el plan de trabajo de la comisión de investigación del Senado sobre la SEPI y había citado a Soledad Fernández para comparecer el 13 de julio y explicar la posición del fisco. El PP sostiene que la marcha busca evitar o condicionar esa comparecencia, aunque también ha avisado de que debería acudir aunque deje el cargo.
Tercero, la salida no afectaría solo a la directora general, sino también a dos departamentos clave: Recaudación e Inspección, áreas directamente relacionadas con la capacidad de la Agencia para cobrar deudas, investigar posibles fraudes y personarse o actuar en procedimientos con impacto fiscal. Esa coincidencia alimenta la lectura de “renuncia masiva” o crisis en la cúpula.