La Justicia de Chile decretó este viernes prisión preventiva contra el exdiputado Joaquín Lavín León, tras ser formalizado por múltiples delitos, entre ellos falsificación de documentos, fraude al Fisco y tráfico de influencias. Lavín, quien militaba en la Unión Demócrata Independiente (UDI) hasta 2024, enfrentará el proceso judicial después de que la Corte Suprema ratificara su desafuero en febrero pasado, dando luz verde a su imputación formal.
El juez Daniel Urrutia, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, respaldó la decisión al indicar que los delitos atribuidos, sumados a su reiteración, constituyen una amenaza para la comunidad. Según explicó el magistrado, “la severidad de las penas posibles y la índole de los ilícitos superan el rango mínimo del presidio mayor”.
Joaquín Lavín, quien ejerció como diputado durante tres periodos legislativos (2014-2026), está acusado de usar fondos públicos destinados a asignaciones parlamentarias para fines personales y campañas políticas. Según la Fiscalía, el excongresista habría participado en un fraude de aproximadamente 100 millones de pesos chilenos (100,000 dólares estadounidenses), a través de la emisión de facturas falsas y el uso indebido de recursos públicos.
En el mismo caso, el tribunal dictó prisión preventiva para Arnaldo Domínguez, exasesor de Lavín, quien enfrenta cargos adicionales de cohecho, delitos tributarios y delitos electorales. Según las investigaciones, ambos imputados habrían utilizado los fondos para pagar material gráfico y bases de datos utilizadas durante campañas políticas.
La investigación ha salpicado de forma indirecta a Cathy Barriga, esposa de Lavín y exalcaldesa de Maipú, quien actualmente cumple arresto domiciliario nocturno y mantiene limitaciones para desplazarse mientras afronta acusaciones vinculadas a presuntos hechos de corrupción ocurridos durante su administración.
Las actuaciones de Lavín también sugieren un eventual aprovechamiento político de los recursos estatales, y aunque en 2024 se desvinculó de la UDI tras hacerse públicas las denuncias, aquella situación terminó deteriorando la imagen que tenía ante la ciudadanía luego de años de protagonismo. De acuerdo con la Fiscalía, las gestiones atribuidas a Lavín habrían buscado eludir la normativa y obtener recursos públicos mediante procedimientos irregulares.
El caso de Joaquín Lavín resalta un importante esfuerzo del sistema judicial chileno por combatir la corrupción y garantizar que las figuras políticas sean responsables de sus actos. Sin embargo, también ha generado cuestionamientos sobre los procedimientos que permitieron prolongar su desafuero hasta 2026, mientras continuaba activo en la gestión legislativa.
Procedencia: Agencia EFE – https://efe.com/mundo/2026-05-08/joaquin-lavin-chile-corrupcion