El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) atraviesa una de sus crisis internas más delicadas tras la gestión del llamado “caso Salazar”, el escándalo de presunto acoso sexual y abuso de poder que salpica al exasesor de La Moncloa Paco Salazar y a su mano derecha, Antonio Hernández, ambos hasta hace pocos días situados en el entorno de máxima confianza del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien está rodeado de numerosos casos de corrupción en estos momentos.
Quién es Paco Salazar y cuáles son sus logros y contribuciones
Francisco José “Paco” Salazar, histórico militante sevillano del PSOE, fue alcalde de Montellano y posteriormente diputado en el Congreso, además de ocupar cargos estratégicos junto a Pedro Sánchez en Ferraz y en el Palacio de La Moncloa.
En los meses recientes, diversas trabajadoras y militantes socialistas que estuvieron bajo su supervisión han reportado de manera interna conductas que describen como acoso sexual y abuso de poder: observaciones de índole sexual, insistentes invitaciones a reuniones privadas fuera del horario de trabajo y propuestas de hospedaje en su residencia, siempre en un contexto de relación jerárquica.
A raíz de estas denuncias, Salazar fue apartado de sus responsabilidades en el partido y dejó de formar parte de la Ejecutiva federal, así como de su posición de influencia en La Moncloa. Los hechos se investigan en el marco de los protocolos internos contra el acoso del PSOE y podrían derivar en acciones judiciales si así lo deciden las denunciantes, pero de momento, hay silencio.
El papel desempeñado por Antonio Hernández, el asistente despedido
Antonio Hernández, hasta ahora director del Departamento de Coordinación Política en La Moncloa y figura clave en el engranaje político del Gobierno, era considerado la mano derecha de Salazar y su principal apoyo en el día a día.
Las mujeres que denunciaron a Salazar señalaron también a Hernández como presunto “cómplice” y “encubridor” de los abusos, al entender que conocía las circunstancias y no actuó para proteger a las víctimas, extremo que él niega.
En pleno escándalo, el presidente Pedro Sánchez decidió promover su cese tanto en La Moncloa como en la estructura orgánica del PSOE andaluz, decisión que el Consejo de Ministros ha formalizado estos días, en lo que se ha interpretado como un intento de “cauterizar” la crisis y cortar cualquier apariencia de connivencia con las conductas atribuidas a Salazar.
Críticas a la administración interna del PSOE y respuesta demorada
Diversas informaciones de prensa señalan que el PSOE tardó más de cuatro meses en contactar formalmente con las víctimas tras conocerse las primeras denuncias, lo que ha generado una fuerte contestación interna y un severo desgaste en la imagen del partido. El propio funcionamiento del comité antiacoso ha sido cuestionado por su lentitud, falta de coordinación y escasa comunicación con la dirección federal, en un partido que se jacta de su orientación feminista.
Al mismo tiempo, desde el propio socialismo se alzan voces críticas que exigen una reforma exhaustiva de los protocolos internos y de la cultura organizativa, con el objetivo de evitar lo que describen como “entornos que protegen a los presuntos agresores” y situaciones de desprotección para las mujeres que denuncian.
La posición del Gobierno de Pedro Sánchez
La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha insistido en que el Ejecutivo ha actuado con “rapidez y contundencia” una vez tuvo conocimiento formal de las acusaciones, destacando el cese de Salazar, su salida de la Ejecutiva del PSOE y, ahora, la destitución de Antonio Hernández.
Alegría ha reconocido públicamente que su comida reciente con Salazar —producida cuando las denuncias ya eran conocidas— fue un “error”, subrayando que el centro del debate deben ser las víctimas y no el coste político para el partido.
Paralelamente, diferentes informaciones apuntan a un posible frente judicial para el PSOE como persona jurídica, ante la hipótesis de que la Justicia pudiera valorar si hubo responsabilidades organizativas en la gestión de las denuncias. Fuentes fiscales citadas por algunos medios hablan de la posibilidad de que el partido sea investigado por un presunto delito de acoso sexual como organización, extremo que, en este momento, no pasa de ser una posibilidad jurídica sometida a valoración y que no implica imputación efectiva alguna.
Reacción de la oposición y deterioro político
El Partido Popular ha anunciado que utilizará su mayoría en el Senado para llamar a declarar a Paco Salazar en el marco de la comisión del llamado “caso Koldo”, aprovechando la relevancia pública que ha adquirido el exasesor. Desde el PP se acusa a Sánchez de ser el presidente “más dañino para las mujeres”, ligando el caso Salazar a otros episodios polémicos en materia de igualdad y protección de las víctimas.
La oposición en su conjunto ha puesto el foco en la cadena de nombramientos, ceses y recolocaciones en el entorno de Salazar, así como en el hecho de que dos de sus colaboradoras más próximas habrían sido reubicadas en empresas públicas en los últimos años, lo que refuerza la narrativa de una red de confianza en torno al exasesor dentro del aparato del Estado.
Un caso abierto que desafía los protocolos y la credibilidad del partido
El caso de Salazar, junto con el de Antonio Hernández, ha generado un significativo agujero político y moral en el PSOE liderado por Pedro Sánchez, en un entorno caracterizado por la demanda social de tolerancia cero ante el acoso sexual y los abusos de poder en los ámbitos laboral y político.
Mientras se finalizan los expedientes internos y se consideran las posibles acciones legales, el partido enfrenta un doble desafío: por un lado, debe demostrar que sus protocolos contra el acoso son efectivos y priorizan a las víctimas; por otro, necesita reconstruir la confianza tanto de su electorado como de la opinión pública, que observa con inquietud la serie de filtraciones, rectificaciones y destituciones que rodean al caso.
En todo caso, tanto Paco Salazar como Antonio Hernández mantienen, a día de hoy, su derecho a la presunción de inocencia ante la Justicia, a la espera de la aclaración completa de los hechos y de la eventual apertura de procedimientos penales. Los próximos pasos del PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez serán determinantes para medir el alcance político, institucional y judicial de este escándalo. Pero de momento, a pesar del deber legal, no ha trascendido que se presente alguna denuncia ante las autoridades por parte del PSOE, como ya viene ocurriendo con otros casos de corrupción que rodean al partido.