A menos de una semana de las elecciones generales de 2025, diversas organizaciones de la sociedad civil advirtieron que la conducción del proceso enfrenta desafíos que podrían afectar su credibilidad. Señalaron que la polarización persistente, las diferencias sobre la normativa electoral y las controversias en torno a la selección de autoridades comiciales han incrementado la atención pública sobre la solidez institucional del país.
Mandatos constitucionales y tensiones entre poderes del Estado
Los comunicados subrayaron que la observancia de las disposiciones constitucionales resultará crucial para preservar la credibilidad pública. La responsabilidad, señalaron, recae en el Congreso Nacional, la Fiscalía General, las Fuerzas Armadas y el Poder Ejecutivo, abarcando a los miembros afiliados al partido LIBRE, en su habilidad para operar dentro del marco legal.
Las entidades enfatizaron que la intervención de las fuerzas armadas debe limitarse a su cometido de apoyo, tal como lo establece la Carta Magna, sin involucrarse en funciones que puedan percibirse como sesgadas. Asimismo, indicaron que tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo deben abstenerse de emitir juicios prematuros acerca de los desenlaces electorales, ya que tales pronunciamientos podrían avivar la discordia social en un ambiente ya polarizado por la pugna política.
En paralelo, resaltaron que la actuación del Consejo Nacional Electoral (CNE) resultará crucial. Se espera que conserve principios de autonomía, claridad y puntualidad en cada fase del procedimiento para garantizar la pulcritud en la gestión electoral.
Autonomía en la supervisión de comicios
Las organizaciones consideraron que la observación nacional e internacional puede desempeñar un papel relevante para fortalecer la legitimidad del proceso. Aludieron a misiones como las de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, cuyas evaluaciones pueden contribuir al fortalecimiento de la rendición de cuentas institucional.
Este acompañamiento, señalaron, permitiría reforzar la percepción de neutralidad en momentos donde aumenta la competencia política y la ciudadanía demanda garantías sobre la integridad del voto. La presencia de observadores locales también fue subrayada como un componente útil para acercar la vigilancia electoral a las comunidades y ampliar la participación social.
Interlocución internacional y compromisos hemisféricos
En el llamado dirigido a los Estados Unidos, las organizaciones solicitaron un apoyo “constructivo” que se articule con autoridades nacionales, sectores políticos y sociedad civil. Indicaron que el objetivo es proteger la transparencia y la legitimidad del proceso, bajo los principios de la Carta Democrática Interamericana.
Subrayaron que un seguimiento atento y respetuoso de los principios democráticos podría facilitar que los comicios de 2025 verdaderamente representen la voluntad del pueblo hondureño, en medio de un panorama político desafiante. La interacción con la comunidad internacional, señalaron, tiene el potencial de servir como un catalizador para el cumplimiento de las obligaciones institucionales y para desalentar acciones que minen la credibilidad pública.
La declaración conjunta finalizó con la rúbrica de delegados de diversas entidades con alcance tanto regional como hemisférico, incluyendo a Seattle International Foundation (SIF), Hope Border Institute, Latin America Working Group (LAWG), Chicago Religious Leadership Network on Latin America (CRLN), Alianza Americas, Due Process of Law Foundation (DPLF), Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), Washington Office on Latin America (WOLA) y Unitarian Universalist Service Committee (UUSC).
El panorama presentado por estas entidades revela las fricciones inherentes al proceso comicial de 2025 y enfatiza la importancia de que las entidades hondureñas operen conforme a los preceptos legales. La mirada tanto a nivel nacional como global se centra en aspectos como la solidez política, el desempeño de las ramas del gobierno y la intervención de la ciudadanía, componentes que incidirán en la apreciación de la transparencia electoral en una coyuntura crucial para la administración democrática de la nación.