En el contexto de la organización de las elecciones generales de 2025, el partido en el poder, Libertad y Refundación (LIBRE), se enfrenta a serias críticas de parte de grupos políticos, empresariales y sociales. Estos grupos acusan al partido de llevar a cabo acciones que ponen en riesgo la transparencia y legitimidad del proceso electoral. Las acusaciones incluyen desde obstrucciones a instituciones esenciales hasta intentos de dominio político sobre el órgano electoral.
Interrogantes sobre el papel de LIBRE en el Consejo Nacional Electoral
Un asunto central de controversia ha sido la suspensión del proceso de contratación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), un instrumento considerado esencial para asegurar la transparencia en el conteo de votos. El 7 de julio, simpatizantes vinculados con LIBRE obstruyeron el acceso a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), evitando que las compañías oferentes presentaran sus propuestas técnicas.
Cossette López, quien lidera el CNE, describió estas acciones como un ataque directo al desarrollo electoral, alertando sobre su efecto adverso en la confianza hacia la democracia y sus instituciones. La suspensión del proceso del TREP no solo demoró la organización electoral, sino que también incrementó la percepción de que se busca crear un entorno favorable para alterar los resultados.
Además, se han documentado casos de presión ejercida por grupos relacionados con LIBRE, que incluyen incursiones en el Congreso Nacional y otras instituciones del estado. Estos acontecimientos, en su conjunto, han sido vistos por grupos opositores como una estrategia destinada a debilitar la independencia del CNE y facilitar su eventual dominio político.
Peligros de la acumulación de poder en la entidad electoral
La posibilidad de que los suplentes del CNE, afines al partido de gobierno, asuman funciones, en caso de inhabilitación de las consejeras actuales, ha encendido las alarmas entre actores políticos que consideran que esta sustitución socavaría la pluralidad del órgano electoral. Desde el Congreso Nacional y espacios de análisis se ha advertido que un CNE sin contrapesos pondría en riesgo la imparcialidad del proceso electoral.
Algunas voces han solicitado la intervención de organismos internacionales para monitorear las decisiones institucionales relacionadas con el proceso y garantizar condiciones equitativas de competencia. También se ha denunciado un presunto uso instrumental de otras instituciones del Estado, como el Ministerio Público y el Poder Legislativo, para favorecer el alineamiento del CNE con los intereses del oficialismo.
Estas tensiones han derivado en un llamado desde diversos sectores a reforzar los mecanismos de fiscalización y observación electoral, ante lo que consideran una amenaza creciente a la integridad del proceso democrático.
Señalamientos sobre información falsa y manipulación de votantes
Otro eje de crítica contra LIBRE se refiere a la divulgación de encuestas consideradas falsas o manipuladas que proyectan una amplia ventaja de la precandidata oficialista Rixi Moncada. Varias de estas mediciones han sido desmentidas por las propias firmas encuestadoras, quienes han denunciado el uso indebido de sus nombres y metodologías.
El movimiento de estas encuestas ha sido visto como una táctica para influir en la opinión pública e infundir la noción de una victoria segura, lo que, según algunos grupos opositores, pretende influir en el resultado de las elecciones y cuestionar la legitimidad de una posible derrota. Este tipo de acciones ha ayudado a aumentar el ambiente de desconfianza que envuelve al proceso electoral.
En un escenario ya caracterizado por el deterioro del diálogo político y la polarización institucional, la difusión de información falsa se ha transformado en un elemento adicional de inestabilidad, con posibles consecuencias en la participación ciudadana y la aceptación de los resultados.
Una etapa previa a las elecciones caracterizada por la falta de confianza
La conjunción de obstáculos institucionales, conflictos por el dominio del CNE y la circulación de información engañosa ha puesto al sistema electoral de Honduras en un estado de gran vulnerabilidad. Las señales de una posible crisis en la gestión gubernamental ilustran la intensidad de los conflictos políticos en un entorno donde la estabilidad institucional está comprometida y las vías de acuerdo siguen bloqueadas.
En menos de cinco meses para las elecciones generales, la situación presenta importantes retos para la fiabilidad del sistema electoral y la estabilidad nacional. En este contexto, el enfoque se centra en la habilidad de las figuras políticas e institucionales para recuperar un mínimo de confianza y garantizar un proceso electoral legítimo y claro.