A poco más de cuatro meses para las elecciones generales del 30 de noviembre, el gobierno en Honduras se enfrenta a un aumento en la falta de legitimidad ante el público. El partido Libertad y Refundación (LIBRE), que lidera desde 2022, ha estado en el centro de señalamientos por parte de la oposición política, organizaciones empresariales y grupos de la sociedad civil, que acusan posibles manipulaciones en el proceso electoral y un intento por mantener el control en medio de una notable baja en las encuestas.
Disminución en la preferencia electoral y falta de confianza
Las encuestas más recientes, como las realizadas por Pro Encuestas y TResearch, muestran que la campaña presidencial de Rixi Moncada ha tenido una caída constante. Aunque comenzó como la principal candidata, Moncada ha sido sobrepasada en los sondeos por el nacionalista Tito Asfura y el liberal Salvador Nasralla, ocupando ahora la tercera posición.
Analistas señalan que esta disminución se debe a una mezcla de elementos: acusaciones de corrupción dentro del gobierno, divisiones internas en el partido oficial, desempeño económico deficiente y una percepción creciente entre los ciudadanos de falta de transparencia en la administración pública. La pérdida del apoyo popular ha coincidido con una intensificación en la retórica política desde el Ejecutivo y con indicios de tensiones institucionales que han activado las alertas en varios sectores.
Sospechas sobre el proceso electoral y control institucional
Un punto principal de controversia es la negativa del gobierno a permitir la verificación manual de los votos, una práctica común en procesos anteriores que funciona como un mecanismo de control para complementar la digitalización de los resultados. La oposición y organizaciones independientes señalan que eliminar esta revisión podría facilitar irregularidades y dificultar auditorías tanto ciudadanas como internacionales.
Además, se ha informado sobre medidas destinadas a obstaculizar la puesta en marcha del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), crucial para asegurar la transparencia durante el conteo de votos. Las tensiones han aumentado dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE) mismo, donde consejeras como Cosette López y Ana Paola Hall han sido objeto de denuncias sobre presiones e intentos de interferir en sus funciones.
Organizaciones corporativas y voceros de la oposición consideran estas acciones como un intento de fortalecer el dominio institucional sobre el proceso electoral, restringir la vigilancia externa y asegurar que el oficialismo tenga flexibilidad ante una posible derrota electoral.
Alegaciones de sesgos ideológicos y ambiente confrontativo
En Tegucigalpa se llevó a cabo una reunión del Foro de São Paulo con delegaciones de gobiernos progresistas de la región, lo que avivó nuevamente el debate sobre las conexiones internacionales del partido LIBRE. Críticos mencionaron que estas relaciones con el bloque Venezuela–Cuba–Nicaragua podrían estar destinadas a imitar sistemas de gobernanza que favorecen la acumulación de poder y limitan los ámbitos de participación democrática.
Simultáneamente, detractores como Eduardo Facussé, quien fue líder del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), han señalado el riesgo de llevar a cabo un “Plan Venezuela”, cuyo fin sería causar desestabilización institucional, manifestaciones provocadas y obstrucciones administrativas que compliquen una transición gubernamental.
Según estas denuncias, colectivos afines al oficialismo habrían protagonizado acciones disruptivas en espacios clave como el Congreso Nacional y el CNE, en una dinámica que podría contribuir a erosionar la credibilidad del proceso electoral e intensificar la polarización política en el país.
Panorama dudoso frente a una votación crucial
Con un escenario electoral cada vez más dividido y con el gobierno perdiendo apoyo popular, Honduras se dirige hacia unas elecciones caracterizadas por la falta de confianza, las tensiones dentro de las instituciones y las críticas a las normas democráticas.
La actual coyuntura expone no solo la fragilidad del consenso democrático en el país, sino también la dificultad para encauzar la competencia política dentro de márgenes institucionales estables, en un contexto de creciente desafección ciudadana y desconfianza en las instituciones del Estado.