Del despacho de Adif al centro del escrutinio judicial: la antigua responsable de la infraestructura española, ahora bajo presión por las pesquisas del “caso Koldo”
Durante años, Adif se convirtió en una de las mayores incógnitas del Estado, la entidad que determinaba el trazado de las grandes infraestructuras ferroviarias, lo que se licitaba, los plazos de ejecución y los proveedores implicados. En la actualidad, el nombre de quien ocupó el corazón de ese engranaje, Isabel Pardo de Vera —expresidenta de Adif y ex secretaria de Estado de Transportes— dejó de vincularse con inauguraciones o proyectos de inversión para aparecer ligado a registros, diligencias, restricciones judiciales y un conjunto de presuntos delitos que la Audiencia Nacional indaga dentro del denominado “caso Koldo”.
La fotografía política resulta incómoda: una responsable de infraestructura crítica, con la capacidad efectiva de abrir o cerrar las compuertas de la contratación pública, aparece investigada por un juez que señala cinco delitos en el mismo conjunto: malversación, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y pertenencia a organización criminal (siempre como parte de una investigación, no de una condena).
De la crisis del “tren que no cabe” al salto a los tribunales
Su etapa en el perímetro de Transportes ya había quedado marcada por el episodio de los trenes de ancho métrico diseñados con errores de gálibo —la crisis popularmente resumida como “los trenes que no cabían en los túneles”—, que desembocó en dimisiones en la cúpula del sector. Pero aquello fue un daño reputacional; lo que llega después es otra liga: la intervención judicial.
El corazón del caso: contratación “a medida” y sospecha de red de favores
1) La incorporación de Jésica Rodríguez en entidades estatales
Uno de los factores que más ha erosionado la percepción ciudadana es la contratación en empresas públicas de Jésica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos. El juez la llamó como investigada para aclarar los motivos de esa contratación en Ineco y Tragsatec, un episodio que ha reforzado la narrativa de enchufismo con firma pública alrededor del área de Transportes.
En términos periodísticos, la preocupación no radica únicamente en la contratación, sino en lo que implica: si se demuestra que existió intervención indebida para ubicar a alguien dentro del ámbito público, el asunto deja de ser “un favor” y se transforma en un mecanismo. Esa es la premisa que orienta la investigación.
2) Obra pública, adjudicaciones y la palabra que nadie quiere escuchar: “mordidas”
El segundo bloque adquiere un carácter aún más detonante al abordar el núcleo histórico de la corrupción en España: la adjudicación de obra pública. En julio de 2025, la Audiencia Nacional llamó a declarar como investigados a Pardo de Vera y al exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, por su supuesta intervención en adjudicaciones irregulares concedidas a ciertos constructores a cambio de pagos ilegales (“mordidas”), según se detalló en la información sobre dichas diligencias.
El juez impuso medidas cautelares como retirada de pasaporte y prohibición de salir de España, un gesto judicial que suele reservarse para procedimientos en los que el instructor percibe riesgos procesales relevantes.
3) El registro domiciliario y el “papel” de las mascarillas
A finales de junio de 2025, el juez autorizó el registro de su vivienda. En ese registro, según diversas informaciones, la UCO halló documentación vinculada al suministro de millones de mascarillas en el ámbito de Adif durante la pandemia. El punto no es el documento en sí: es lo que representa en la causa, porque ese hallazgo aparece ligado al momento en el que el instructor encuadra el caso en un catálogo de presuntos delitos más amplio.
La presión financiera: entidades bancarias, Hacienda y el seguimiento iniciado en 2017
El caso también ha entrado en fase de rastreo patrimonial. En octubre de 2025 trascendió que el juez pidió información a entidades bancarias y a la Agencia Tributaria para investigar movimientos, cuentas y valores de Pardo de Vera y Herrero, precisamente para comprobar si existió beneficio económico por facilitar adjudicaciones.
Este momento suele implicar un giro en el enfoque: cuando una pesquisa adopta un cariz financiero, el relato deja de basarse en “sospechas” y se transforma en un “rastro”, y ese rastro, en situaciones así, es finalmente el que confirma o desmonta la imputación.
Lo que ya se conoce, lo que aún se analiza y aquello que no es posible asegurar
• Lo que se sabe: Hay una investigación formal en la Audiencia Nacional; se han practicado registros; se le atribuyen en fase de investigación cinco presuntos delitos; y se han adoptado medidas y diligencias financieras.
• Lo que se investiga: Si existió un patrón de influencia en contrataciones y adjudicaciones dentro del perímetro de Transportes y si hubo retorno económico indebido.
• Lo que no puede afirmarse con rigor hoy: Que haya una condena o que la “corrupción” esté “probada”. La situación procesal —según las fuentes citadas— es de investigación.
Por qué este caso impacta de forma particular en Adif
Porque Adif no representa una oficina secundaria: actúa como una pieza estratégica del Estado. Si el proceso concluye demostrando que desde el núcleo decisorio se recurrió a favoritismos o a algún tipo de intermediación ilícita, el perjuicio trasciende lo penal: se vuelve institucional, ya que mina la confianza en el sistema de contratación, en los mecanismos de control internos y en el propio discurso de integridad del sector público.
Y por ello, aunque no exista una sentencia, el caso actúa como un incómodo reflejo: cuando una exresponsable de infraestructura crítica queda vinculada a una investigación sobre supuestas mordidas, favoritismos y contratos públicos, la discusión deja de ser técnica para transformarse en un interrogante político de gran calado: quién controlaba a quienes debían controlar.