Elecciones en Honduras en riesgo: análisis del papel de LIBRE

elecciones en Honduras en 2025

La falta de confianza en el partido en el poder, LIBRE, se ha convertido en un tema recurrente dentro del diálogo político en Honduras, en medio de un escenario de creciente tensión institucional y polarización. Diferentes sectores sociales e institucionales han manifestado su preocupación frente a lo que consideran una maniobra intencionada para complicar el proceso electoral de 2025.

Acusaciones de obstrucción institucional y bloqueos en el CNE

El organismo encargado de preparar las elecciones generales, el Consejo Nacional Electoral (CNE), programadas para el 30 de noviembre de 2025, se ha visto envuelto en numerosas acusaciones por supuestos intentos de injerencia y estancamiento institucional. Grupos opositores y miembros de la sociedad civil acusan al partido LIBRE de obstaculizar decisiones fundamentales dentro del organismo electoral, con la intención de demorar o desestabilizar los arreglos para los comicios.

Las objeciones se enfocan en el supuesto empleo de influencias internas para modificar la labor de los asesores del CNE y detener progresos operativos esenciales para el cronograma electoral. Esta circunstancia ha provocado inquietud sobre la capacidad del organismo electoral para desenvolverse con autonomía y asegurar un proceso legítimo y confiable.

Señalamientos de boicot y polarización creciente

Referentes de la oposición como Salvador Nasralla, acompañados de expertos en análisis político y representantes del sector empresarial, han alertado sobre lo que describen como una estrategia sistemática para impedir las elecciones. A estas acusaciones se unen voces de la sociedad civil, iglesias y organizaciones ciudadanas, que señalan al oficialismo de crear un clima de intimidación y judicialización contra críticos, periodistas y dirigentes políticos opositores.

Según estas voces, la estrategia apuntaría a construir un entorno hostil que limite la participación democrática y debilite los contrapesos institucionales. Tales condiciones son vistas como obstáculos para una contienda electoral abierta y equitativa, lo que refuerza la percepción de que el partido en el poder no estaría dispuesto a someterse a la voluntad popular si los resultados le fueran adversos.

Avisos sobre influencia externa y demanda de seguridades

Organizaciones y líderes de opinión también han señalado la posible injerencia de actores internacionales, en particular grupos políticos aliados al oficialismo como el Foro de Sao Paulo. Estas denuncias sostienen que existiría un respaldo estratégico desde el exterior para sostener al régimen actual y evitar la alternancia democrática en el país.

En reacción a este escenario, diversos sectores han reforzado sus demandas de incrementar la supervisión tanto a nivel nacional como internacional sobre el proceso de elecciones. Desde declaraciones de empresas hasta intervenciones de instituciones religiosas, se reitera la importancia de asegurar una observación electoral autónoma y garantías transparentes para que las elecciones ocurran en los tiempos fijados.

Un ambiente de alerta ante una institucionalidad vulnerable

El caso de corrupción en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y las reiteradas denuncias de cooptación de las instituciones electorales han contribuido a fortalecer una narrativa de crisis institucional. En este marco, el temor a un eventual intento de evitar las elecciones ha adquirido fuerza como parte del imaginario colectivo y del discurso público.

Aunque el partido LIBRE ha negado las acusaciones y sostiene ser víctima de campañas de desinformación, la creciente certeza de que el oficialismo podría no asegurar las elecciones en 2025 revela las debilidades estructurales del sistema democrático en Honduras.

La solicitud de la ciudadanía se centra en un único reclamo: que el proceso de elecciones se lleve a cabo sin alteraciones ni retrasos. En una nación donde la gobernabilidad sigue siendo cuestionada, realizar las elecciones de 2025 de manera puntual y sin opacidad se presenta como una prueba fundamental para la legitimidad del sistema político y la estabilidad de las instituciones.