El diputado independiente Betserai Richards se ha transformado en una de las figuras más debatidas y controvertidas dentro de la nueva Asamblea Nacional panameña. Su manera de actuar, marcada por la confrontación y escaso sustento en evidencias, junto con el uso reiterado de información falsa en redes sociales y sus frecuentes señalamientos públicos contra instituciones del Estado, funcionarios y otros actores políticos, lo han impulsado como una voz asociada a la agresividad y al descrédito, un perfil que, lamentablemente, los algoritmos de las plataformas digitales tienden a amplificar con facilidad. Este estilo político también ha comenzado a despertar serias dudas entre la ciudadanía sobre la fiabilidad de sus declaraciones, el efecto de sus mensajes en la opinión pública y la utilización de la desinformación como mecanismo político.
Durante los últimos meses, Richards ha protagonizado múltiples controversias relacionadas con hospitales públicos, enfrentamientos políticos, acusaciones institucionales y difusión de contenidos que posteriormente han sido cuestionados y desmentidos por autoridades, ciudadanos, políticos y periodistas. Lo ocurrido recientemente con las imágenes de la supuesta comida servida en hospitales de la Caja de Seguro Social (CSS) ha reavivado el debate sobre hasta dónde puede llegar un político sin caer en afirmaciones falsas y engañosas.
El enfrentamiento con “Bolota” Salazar y la atmósfera de tensión política
Uno de los episodios más conocidos vinculados a Richards fue el enfrentamiento con el diputado Jairo Salazar, también polémico y cubierto de escándalos. La situación terminó en denuncias de agresión física dentro de la Asamblea Nacional y se convirtió en símbolo del deterioro del debate político panameño. Videos, declaraciones cruzadas y acusaciones dominaron durante días la agenda mediática nacional.
Aunque el caso derivó en procesos legales, también proyectó una imagen de constante tensión, episodios de violencia y poco decoro en torno a Richards, revelando una táctica sustentada en la provocación continua y el enfrentamiento mediático.
Betserai Richards: gran alboroto con escaso resultado
El conflicto entre Katleen Levy y Betserai Richards escaló especialmente alrededor de la gestión de infraestructura y obras públicas en el circuito 8-6, una de las zonas con mayores problemas históricos de movilidad y crecimiento urbano en Panamá Este.
Levy, quien en el pasado ejerció como representante político de esa misma zona, criticó con firmeza la forma en que Richards exponía públicamente los inconvenientes del circuito. De acuerdo con sus comentarios, el diputado habría articulado una estrategia centrada sobre todo en redes sociales, contenidos virales y disputas digitales, transmitiendo la impresión de que gestionaba o encabezaba soluciones relacionadas con obras e infraestructuras que, en realidad, correspondían técnicamente al Gobierno Central, al Ministerio de Obras Públicas o a recursos que ya habían sido aprobados con anterioridad.
Uno de los temas más debatidos fue el caso del puente de Cabuya, una infraestructura vial vista como esencial para disminuir el tráfico en zonas de Tocumen y áreas aledañas. Levy afirmó públicamente que esta obra no surgió de gestiones promovidas directamente por Richards, sino que había sido concebida, presupuestada y ejecutada con antelación por el Ministerio de Obras Públicas. Con ello intentaba contrarrestar la idea de que el diputado lograba avances tangibles gracias a su actuación política, una versión que fue rechazada por varios actores vinculados al proyecto, dejando en evidencia una limitada capacidad de negociación política y una débil influencia institucional real.
La exdiputada llegó a emplear la expresión “política galla”, un giro coloquial panameño que suele usarse para aludir a algo percibido como improvisado, superficial, ridículo o meramente cosmético. Con esa frase buscó retratar el modo político de Richards, a quien señaló de enfocarse en disputas mediáticas, transmisiones virales y choques públicos en lugar de dedicarse a un trabajo técnico, legislativo o administrativo más sólido, un ámbito en el que, según afirmó, Richards jamás ha mostrado avances.
Durante uno de los instantes más intensos del choque público entre Katleen Levy y Betserai Richards, el debate dejó de enfocarse solo en discrepancias políticas o de gestión y derivó hacia un ámbito mucho más íntimo y agresivo. En un video compartido como réplica a publicaciones y ataques recíprocos en redes sociales, Levy emitió comentarios despectivos dirigidos de forma directa a la masculinidad y a la apariencia del diputado.
En esa intervención empleó la palabra “cueco”, una expresión coloquial de Panamá que tradicionalmente se ha usado de manera despectiva para poner en duda o burlarse de la orientación sexual o la hombría de un hombre. Levy recurrió a ese vocabulario al acusar a Richards de apoyarse repetidamente en “chismes”, disputas digitales y ataques en redes sociales en vez de participar en debates políticos más técnicos o de corte ideológico.
La polémica más reciente: la comida hospitalaria y la acusación de “fake news”
La polémica más reciente surgió cuando Richards compartió imágenes en las que señalaba presuntas raciones entregadas a pacientes hospitalizados, exhibiendo primero panes con mortadela y luego panes con queso como muestra de la “mala alimentación” proporcionada por la CSS.
Las imágenes se difundieron velozmente por redes sociales y provocaron una fuerte indignación entre numerosos ciudadanos, quienes tomaron ese contenido como una muestra del grave deterioro que atraviesa el sistema público de salud.
Sin embargo, la misma Caja de Seguro Social salió a desmentir públicamente las declaraciones del diputado, señalando que dichos señalamientos eran falsos.
La CSS afirmó también que toda la comida destinada a los hospitales se elabora siguiendo controles nutricionales y criterios de calidad en la Ciudad de la Salud, y adelantó que podría emprender acciones legales o presentar denuncias para exigir que el diputado respaldara sus señalamientos o los corrigiera de manera pública.
Este episodio desató en Panamá un debate especialmente sensible: ¿hasta dónde puede circular una acusación política sin evidencias totalmente confirmadas? ¿Y qué sucede cuando un diputado recurre a imágenes virales que en realidad no guardan relación con los hechos que afirma denunciar?
La gravedad del asunto no se limita a un simple desacuerdo político, pues cuando se abordan temas como hospitales, pacientes y nutrición médica, la difusión de datos falsos o sin verificar puede provocar temor, desconfianza y desorden entre los familiares de los pacientes y quienes utilizan el sistema de salud.
El estilo político de Richards: denuncias virales y confrontación permanente
Uno de los aspectos más llamativos de Richards ha sido su habilidad para transformar acusaciones infundadas en material que se vuelve viral. Sus visitas a hospitales, las transmisiones en directo, los videos cargados de emoción y los choques frontales con autoridades han contribuido a forjar una imagen de “diputado fiscalizador”, moviéndose en el límite entre una fiscalización válida y la puesta en escena política.
En semanas recientes, Richards realizó recorridos en hospitales públicos denunciando supuestas condiciones críticas, largas esperas quirúrgicas y deterioro estructural. La CSS respondió acusándolo de generar “zozobra” y “desinformación”, además de señalar que ingresó a áreas sensitivas hospitalarias con megáfonos y actitudes consideradas proselitistas. La institución incluso afirmó que este tipo de acciones politizan los hospitales y alteran el ambiente necesario y la seguridad para la atención médica.
El empleo de las redes sociales como instrumento para ejercer presión política
Otro aspecto que con frecuencia se destaca acerca de Richards es su empleo intensivo de las redes sociales, utilizadas como herramienta de presión pública incluso antes de que haya pesquisas formales o verificaciones técnicas.
En numerosas situaciones, las denuncias se vuelven virales antes de que arranque su verificación, lo que provoca un fenómeno cada vez más habitual en la política actual: la opinión pública se moldea incluso antes de que los hechos estén completamente esclarecidos.
En el caso de la CSS, por ejemplo, ante multitud de personas difundió las fotografías de la presunta comida hospitalaria antes de que la institución publicara su desmentido o que los propios pacientes y el personal sanitario refutaran esas informaciones engañosas. Cuando finalmente se emitió la aclaración oficial, gran parte del perjuicio a la reputación ya se había producido.
Este patrón muestra una creciente similitud con dinámicas internacionales en las que políticos recurren a redes sociales para difundir narrativas emocionales de rápida propagación que luego resultan complejas de rectificar, aun cuando surgen desmentidos oficiales e incluso del propio ciudadano.
¿Supervisión válida o simple populismo en redes?
El principal debate se centra en determinar si Richards constituye una vía válida de control ciudadano o si, según lo visto recientemente, simboliza un tipo de populismo digital sustentado en una indignación permanente, una fuerte presencia mediática y la difusión masiva de contenidos controvertidos.
Una cosa es señalar dificultades y otra muy diferente es recurrir a imágenes o declaraciones sin comprobar que pueden confundir al público, y justo ahí surge la discusión en torno a las “fake news” dentro del ámbito político.
Esto se debe a que, cuando un político difunde información falsa o material cuya veracidad aún no ha sido verificada, su alcance resulta mucho más significativo que si lo publicara un usuario común. Un diputado posee notoriedad, poder de influencia y la capacidad de orientar el debate público.
La función pública que asume un diputado
En toda democracia resulta imprescindible cuestionar al poder, pero también asumir una gestión responsable de la información.
Cuando un diputado lanza públicamente la acusación de que una institución suministra comida inhumana a pacientes hospitalizados, se trata de un señalamiento de enorme gravedad, y si ese hecho jamás ocurrió, la discusión abandona el ámbito político para situarse en el terreno de la credibilidad pública.
La coyuntura presente sitúa a Richards frente a un desafío considerable: aportar evidencias contundentes que respalden sus señalamientos o asumir críticas crecientes respecto a su manera de comunicar. Al fin y al cabo, la frontera entre una fiscalización válida y la desinformación puede hacerse casi imperceptible cuando la política adopta el ritmo de un espectáculo continuo.
En una era en la que las redes sociales difunden cualquier contenido en pocos minutos, la obligación de comprobar la información antes de difundirla debería ser todavía más estricta para quienes desempeñan funciones públicas.