Un masivo caso de corrupción ha sacudido el sistema penitenciario chileno luego de que se revelara que al menos 42 gendarmes del penal Santiago 1 están siendo investigados por facilitar el ingreso de personas indocumentadas, drogas, alcohol y otros productos ilegales a cambio de sobornos. La Fiscalía Metropolitana Occidente y la Policía de Investigaciones (PDI) han desplegado un operativo de gran magnitud que apunta a desarticular esta red de corrupción que incluye además a 35 civiles externos.
El modelo de operación de los funcionarios penitenciarios involucrados incluye prácticas como simular los controles de ingreso mediante pantomimas y cobrar tarifas por dejar pasar a personas sin documentos, quienes se reunían con destacados miembros de organizaciones criminales, como el Tren de Aragua. Según la información recabada, cada ingreso costaba $60.000 chilenos, generando un grave impacto en la seguridad pública, ya que los encuentros permitían a las bandas continuar coordinando actividades delictivas como narcotráfico, secuestros y extorsión.
Una red de corrupción organizada dentro y fuera de los penales
La infiltración del crimen organizado en Gendarmería abarcaba múltiples maniobras, entre ellas la entrada de estupefacientes, teléfonos móviles, productos alimenticios de alta gama, conexión WiFi e incluso servicios personalizados para los internos, mientras que los pagos se efectuaban en efectivo o mediante transferencias bancarias, a menudo a través de cuentas ajenas destinadas a disimular el origen ilícito de los fondos.
Según las autoridades, no existe una estructura jerárquica única, sino varias redes autónomas que operan dentro de Santiago 1. Estas agrupaciones también mantienen vínculos con civiles que actúan como intermediarios, conocidos como «manilleros», quienes desde fuera de los recintos coordinan los sobornos necesarios para asegurar la entrada de bienes y personas.
Los precios por estos servicios iban desde $15.000 por permitir relaciones sexuales hasta $400.000 por el ingreso de un celular. Los testimonios recogidos por las investigaciones también señalan que los internos identifican un área del penal, apodada «la feria», donde se realizan transacciones de mercancías prohibidas con relativa normalidad.
Operativo nacional y alcance estructural
El operativo encabezado por la Fiscalía contempló la ejecución de órdenes de allanamiento en 77 viviendas situadas en siete regiones del país, e incluyó recintos penitenciarios como Santiago 1, Punta Peuco, Colina 1 y el Complejo Penitenciario Biobío. En total, se desplegaron 690 funcionarios de la PDI y Gendarmería, configurando uno de los esfuerzos policiales más amplios de los últimos tiempos para enfrentar la corrupción dentro del sistema penitenciario.
Entre los hallazgos más graves sobresale la práctica llamada «rescate», donde funcionarios decomisaban artículos ilegales como celulares para después venderlos nuevamente dentro del penal a precios desorbitados. Otro mecanismo, identificado como «delivery», se basaba en permitir por encargo el ingreso de productos solicitados por los internos.
Implicaciones y el control del crimen organizado
Este caso se reconoce como la manifestación más severa de infiltración del crimen organizado en una entidad pública en Chile, y Gendarmería, responsable de velar por la seguridad al interior de los recintos penitenciarios, se ve hoy involucrada en denuncias que cuestionan la capacidad del Estado para frenar el avance de actividades ilícitas dentro de las cárceles, mientras grupos como el Tren de Aragua, con amplia experiencia en dominar prisiones en otros países, intentan reproducir ese modelo en Chile utilizando los penales como base para coordinar sus operaciones.
Medidas y respuestas necesarias
La investigación ha revelado con claridad las señales de alerta sobre las condiciones estructurales que facilitan la proliferación de estas prácticas, entre las que sobresalen la elevada rotación en las jefaturas penitenciarias, la carencia de una supervisión rigurosa y la presencia de influencias indebidas entre los funcionarios. Estas debilidades abren la puerta a la injerencia permanente del crimen organizado, que ofrece beneficios económicos y presiona con amenazas directas a los funcionarios, como sucedió con un comandante cuya vivienda fue atacada por sicarios.
El avance de esta investigación representa una oportunidad fundamental para implementar reformas estructurales que combatan la corrupción en Gendarmería. Si no se toman medidas drásticas que incluyan mayor transparencia y supervisión externa, el control de los penales podría quedar completamente en manos de las mafias criminales.
Fuente: CIPER Chile | [https://www.ciperchile.cl/2025/12/16/crimen-organizado-42-gendarmes-de-santiago-1-son-indagados-por-cobrar-por-el-ingreso-de-visitas-indocumentadas-alcohol-y-drogas/]