Guatemala se encuentra en un momento clave con la selección del próximo fiscal general del país, un proceso vigilado de cerca tanto a nivel nacional como internacional. La decisión será tomada por el presidente Bernardo Arévalo antes del 17 de mayo, con la responsabilidad de garantizar un nombramiento que marque el rumbo hacia la transparencia y la justicia, alejándose de los polémicos antecedentes de Consuelo Porras, exfiscal general sancionada por corrupción y socavar la democracia.
La lista oficial de seis candidatos publicada en el Diario de Centro América incluye a figuras como Beyla Estrada Barrientos, Julio Rivera Clavería, César Ávila Aparicio, Gabriel García Luna, Néctor de León Ramírez y Zoila Morales Valdizón. Este anuncio ha abierto un plazo de 72 horas para que se presenten objeciones formales contra los aspirantes.
Sin embargo, el proceso tampoco ha estado libre de señalamientos, ya que múltiples analistas y organizaciones de la sociedad civil han indicado que por lo menos tres de los seis candidatos arrastran acusaciones de corrupción. Entre ellos, Estrada Barrientos ha sido asociada con resoluciones que habrían beneficiado a personas procesadas por corrupción durante su periodo como jueza de apelaciones, mientras que sobre Rivera Clavería recaen señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado y conexiones con el Gobierno de Otto Pérez Molina, destituido por corrupción. César Ávila Aparicio igualmente despierta inquietudes debido a supuestas irregularidades observadas en su trayectoria académica.
Carmen Aída Ibarra, analista del Movimiento Projusticia, destacó que la nómina de aspirantes evidencia cómo los grupos tradicionales mantienen su influencia en las comisiones de postulación, lo que reduce el margen del presidente para escoger a un fiscal que respalde su agenda de transparencia. Además, Ibarra indicó que el proceso se encuentra inmerso en disputas judiciales, con más de 20 acciones legales activas, y que únicamente un fallo judicial permitiría modificar la lista de candidatos.
A pesar de estos cuestionamientos, algunos expertos consideran que aún hay opciones con experiencia técnica. Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, destacó a Zoila Morales Valdizón como una profesional con una trayectoria sólida en la persecución del crimen organizado. También señaló al juez Gabriel García Luna como una alternativa viable por sus aportes dentro del Organismo Judicial.
El presidente Arévalo enfrenta así la ardua tarea de analizar a profundidad los perfiles y tomar una decisión que no solo garantice profesionalismo, sino que también envíe un mensaje de compromiso con la justicia y la lucha contra la corrupción. De no hacerlo, el país corre el riesgo de prolongar la incertidumbre institucional.
Procedencia: Proceso Digital ([https://proceso.hn/guatemala-ante-el-reto-de-elegir-a-un-nuevo-fiscal-general-sin-sospechas-de-corrupcion/])