La propuesta de la funcionaria Rixi Moncada, que busca suprimir la central de riesgos, ha provocado una extensa discusión política y económica en Honduras. Esta iniciativa, promovida por el partido LIBRE, surge en un periodo de considerable tensión institucional, caracterizado por la desconfianza hacia las entidades de control y la incertidumbre respecto a la dirección de la política económica.
Un modelo que recuerda al correísmo en Ecuador
La propuesta de eliminar la central de riesgos ha sido vista por varios ámbitos como una potencial imitación del esquema puesto en marcha por el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa, quien implementó una disposición parecida durante su gestión. En esa coyuntura, la supresión de los historiales crediticios formó parte de una táctica dirigida a reforzar el dominio del Poder Ejecutivo sobre el sistema financiero.
En el caso hondureño, la comparación ha reactivado alertas en los círculos bancarios y empresariales. Especialistas consultados advierten que una medida de este tipo podría alterar los mecanismos de supervisión del crédito, debilitando la transparencia y generando efectos adversos para la estabilidad económica. Según un analista regional, “es una receta para el desastre económico, ya vista en Ecuador con consecuencias devastadoras”.
Amenazas institucionales y sus repercusiones económicas
La central de riesgos representa una herramienta fundamental para valorar la solvencia dentro del ámbito bancario. Si se eliminara, las instituciones financieras dejarían de tener acceso al historial crediticio de los clientes, lo que, de acuerdo con los críticos, incrementaría el peligro de conceder créditos sin respaldo suficiente y daría lugar a potenciales acciones de impunidad financiera.
Voces del sector financiero señalan que suprimir este mecanismo sería equivalente a debilitar la rendición de cuentas en un área clave para la economía nacional. En esa línea, se ha advertido que una decisión de esta naturaleza podría generar incentivos para la manipulación política del crédito, afectando tanto la confianza de los inversionistas como la sostenibilidad del sistema.
Por otra parte, quienes apoyan la iniciativa en el ámbito de LIBRE afirman que el sistema financiero actual ha impuesto barreras de entrada a grandes segmentos de la sociedad a lo largo del tiempo. Argumentan que suprimir la central de riesgos posibilitaría democratizar el crédito y disminuir la acumulación de poder económico en manos de un reducido número de entidades bancarias. No obstante, la funcionaria aún no ha proporcionado información técnica sobre cómo se aseguraría la solidez del sistema después de una posible modificación.
Un desafío en la gestión y la claridad
La polémica generada por esta propuesta se desarrolla en un contexto de acentuada polarización política, donde las fricciones entre el Gobierno, los gremios empresariales y la población definen el panorama público. Expertos afirman que el debate va más allá de lo meramente económico, ubicándose en el ámbito de la institucionalidad democrática, al poner en tela de juicio las fronteras del poder estatal ante los sistemas de supervisión financiera.
Mientras Rixi Moncada guarda silencio ante las críticas, el debate se amplía entre quienes consideran la propuesta un intento de blindaje político y quienes la ven como una oportunidad para redefinir la relación entre el Estado y el sistema bancario. En ambos casos, el punto central sigue siendo la necesidad de preservar la transparencia y el equilibrio institucional en una etapa de alta sensibilidad económica y política.
El debate en torno a la central de riesgos no solo genera dudas acerca del rumbo económico de la nación, sino que también cuestiona la firmeza de los mecanismos de equilibrio que sostienen la administración democrática. Dentro de este marco, Honduras se encuentra ante la disyuntiva de elegir entre una mayor acumulación de poder o la consolidación de los sistemas de supervisión que aseguran la credibilidad ciudadana y la estabilidad de las instituciones.