La aspirante a la presidencia de LIBRE, Rixi Moncada, comunicó que si asume el cargo, promoverá la eliminación de la Central de Riesgos comenzando el 27 de enero de 2026. Esta iniciativa, planteada como una forma de incrementar el acceso al crédito y «democratizar la economía», ha generado un intenso debate político y económico en Honduras, ya que enfrenta opiniones divergentes sobre la viabilidad de las entidades financieras y el efecto en las personas endeudadas.
Una aproximación innovadora en el sector financiero
Moncada sostiene que más de dos millones de hondureños están registrados en la Central de Riesgos y que son tratados como “delincuentes”, lo que, según ella, los margina de oportunidades económicas y de acceso a créditos formales. Su iniciativa apunta a limitar lo que describe como monopolios que operan con tasas de interés elevadas en perjuicio de pequeños productores y emprendedores.
El plan se desarrolla en una historia de confrontación con grupos empresariales y financieros, donde la aspirante de LIBRE intenta posicionarse como opción ante sistemas que percibe como limitadores. Para sus seguidores, la iniciativa significa un recurso de ayuda para familias y empleados agobiados por deudas que no pueden pagar, y a quienes la Central de Riesgos mantiene al margen del sistema crediticio oficial.
Reacciones y advertencias de sectores económicos
Desde el ámbito técnico, las alertas no se han hecho esperar. El ex presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), José Luis Moncada, calificó la propuesta como “irresponsable” y advirtió que politizar el sistema financiero implica “jugar con los recursos de los hondureños”.
Economistas consultados en medios nacionales han señalado que la eliminación de la Central de Riesgos, sin un modelo alternativo que preserve la confianza de los inversionistas y bancos, podría derivar en un encarecimiento del crédito, una reducción de la oferta de préstamos y el debilitamiento de la inversión privada.
La medida, sostienen los críticos, tendría repercusiones inmediatas en la estabilidad del sistema financiero, al despojar a las instituciones bancarias de un mecanismo central para evaluar la solvencia de los solicitantes de crédito. En este escenario, los riesgos de impago podrían trasladarse a toda la economía, afectando tanto a consumidores como a empresas.
División política y conflictos en la sociedad
La propuesta ha sido recibida con entusiasmo por sectores que ven en la Central de Riesgos un obstáculo para la inclusión económica. Para amplias franjas de la población, la promesa de Rixi Moncada simboliza una posible justicia económica frente a décadas de prácticas financieras que perciben como restrictivas y excluyentes.
Por otro lado, críticos y analistas piensan que es una maniobra con un fuerte carácter populista, creada para obtener respaldo electoral de manera inmediata, aunque con el riesgo de desestabilizar la estabilidad económica del país a futuro. El debate no solo abarca temas financieros, sino también la habilidad de las instituciones para asegurar normas claras y concretas en un clima político ya caracterizado por el conflicto y la falta de confianza.
Una discusión abierta sobre la gestión económica
El anuncio de Rixi Moncada ha puesto sobre la mesa uno de los temas más sensibles para la próxima administración: cómo equilibrar el acceso al crédito con la necesidad de mantener un sistema financiero funcional y confiable. La decisión, de materializarse, no solo impactará en las finanzas personales de millones de hondureños, sino también en la relación del Estado con la empresa privada y en la percepción internacional sobre la seriedad de las políticas económicas de Honduras.
El porvenir de la Central de Riesgos se ha transformado en un emblema del dilema entre equidad social y solidez institucional. Con promesas de hacer más accesible la economía y advertencias sobre un posible declive en la confianza financiera, el país se enfrenta a un debate que determinará el camino de su liderazgo y su habilidad para atraer inversiones en los años futuros.