_-_copia.jpg?w=800&resize=800,500&ssl=1 "Colegio de Periodistas en Honduras")
El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) denunció públicamente una campaña sistemática de estigmatización y amenazas contra periodistas en el país, atribuyendo su impulso a sectores gubernamentales y al partido oficialista Libertad y Refundación (LIBRE). La organización gremial sostiene que se trata de un patrón sostenido de ataques que compromete la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, y que ha sido trasladado a instancias internacionales como una alerta sobre el deterioro de garantías democráticas.
Según el pronunciamiento del CPH, las agresiones adoptan diversas formas: desde la intimidación y los insultos en redes sociales hasta procesos judiciales iniciados por instituciones del Estado. El gremio señala que funcionarios públicos y activistas digitales vinculados al oficialismo han promovido una narrativa de descrédito contra medios y periodistas críticos. Esta dinámica, de acuerdo con la denuncia, incluye intentos de forzar la entrega de fuentes informativas, elemento que, en el contexto hondureño, es considerado una violación directa al secreto profesional protegido por estándares internacionales.
Entre los casos más recientes, se documentan demandas iniciadas por las Fuerzas Armadas y otras entidades estatales, que según el gremio, apuntan a frenar investigaciones sobre posibles actos de corrupción o abusos institucionales. A ello se suma un aumento sostenido de campañas de desprestigio por parte de cuentas anónimas o falsas, a menudo identificadas como “tropas digitales” afines al oficialismo, que difunden mensajes ofensivos y revelan públicamente los rostros de periodistas.
Incremento en la retórica oficial y nerviosismo antes de las elecciones
Un aspecto que ha causado gran inquietud es la intensificación de la hostilidad desde el Congreso Nacional. Especialmente, el titular del Legislativo, Luis Redondo, ha realizado comentarios en los últimos tiempos dirigidos hacia los medios de comunicación, con un tono que el gremio considera como un intento de deslegitimación. Estas manifestaciones se producen en un escenario de tensiones políticas en aumento, de cara a las elecciones generales previstas para noviembre, donde la disputa entre el gobierno y la oposición se ha agudizado.
El empleo de plataformas institucionales para emitir mensajes adversos contra la prensa intensifica un entorno de presión que, según el CPH, ha producido efectos como la autocensura y el alejamiento de voces críticas en los medios. Esta situación, en el contexto de un proceso electoral, ha sido interpretada por miembros del gremio como una indicación de que el periodismo independiente se enfrenta a un cerco institucional y digital sin precedentes desde el restablecimiento de la democracia.
Preocupación internacional y llamados al cese de la intimidación
Diversas organizaciones internacionales han manifestado su alarma ante la situación. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Reporteros Sin Fronteras y ARTICLE 19 han emitido comunicados denunciando lo que califican como un retroceso en las garantías para el ejercicio libre del periodismo en Honduras. Los organismos coinciden en que las acciones denunciadas configuran un ambiente de vulnerabilidad que atenta contra derechos fundamentales y contra el papel del periodismo en la vigilancia del poder público.
Estos personajes, junto con el CPH y entidades nacionales, han solicitado al Gobierno asegurar la seguridad real de los periodistas, además de detener de inmediato cualquier tipo de amenaza, ya sea directa o indirecta. Recalcan que la libertad de prensa no es solo un derecho personal, sino una condición crucial para que la democracia funcione.
El comunicado del Colegio de Periodistas de Honduras se sitúa en un contexto de notable polarización política y aumento de la desconfianza entre las instituciones y los grupos sociales. A escasos meses de las elecciones, la acusación sobre una campaña sistemática de acoso a los medios resalta tensiones fundamentales relacionadas con la libertad de prensa, el empleo de recursos estatales y la calidad del diálogo democrático en la nación.