En el contexto preelectoral hondureño, la figura de Rixi Moncada, candidata presidencial por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), se ha visto envuelta en una serie de controversias relacionadas con el manejo de recursos estatales y denuncias por presuntos actos de corrupción. Estas acusaciones, que abarcan desde procesos judiciales locales hasta demandas en instancias internacionales, se suman a un panorama político marcado por la polarización y la desconfianza ciudadana hacia las instituciones.
Denuncias por gestión inadecuada de recursos sociales
Uno de los principales señalamientos contra Moncada gira en torno al uso de recursos asignados a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), especialmente en el departamento de Copán. Según denuncias recientes, fondos públicos habrían sido canalizados hacia estructuras vinculadas al partido oficialista, lo que ha reavivado cuestionamientos sobre la utilización de programas sociales con fines electorales.
Estas afirmaciones se desarrollan en un marco de creciente presión por la claridad en la administración del gasto público durante un año electoral, donde distintos sectores han pedido regulaciones más rigurosas sobre el manejo de los fondos dirigidos a la asistencia social.
Acusación internacional dirigida al FBI
El asunto adquirió una dimensión internacional a inicios de 2025, cuando Murray Paul Farmer, un ciudadano de Estados Unidos, presentó una queja ante el Buró Federal de Investigaciones (FBI) mencionando a Moncada y otros empleados del gobierno. La acusación sostiene que hubo irregularidades en la gestión y abuso de funciones públicas que habrían perjudicado la inversión extranjera en el país.
A día de hoy, la aspirante de LIBRE no ha emitido declaraciones públicas acerca de esta acusación, que podría tener consecuencias diplomáticas si progresa en cortes extranjeras. La falta de comunicación oficial ha intensificado la discusión sobre la eficacia del sistema político de Honduras en relación a temas internacionales.
Antecedentes de estudios y dudas anteriores
Las disputas que actualmente envuelven a Moncada no son inéditas. En 2009 y 2013 fue investigada por abuso de poder y supuesto fraude durante su tiempo en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), además de haber estado asociada con contratos de la constructora brasileña Odebrecht. Aunque en ambas situaciones la justicia en Honduras emitió sobreseimientos definitivos, su nombre ha seguido apareciendo en reportajes periodísticos y en investigaciones realizadas por organismos de control.
Más recientemente, en enero de 2025, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) interpuso una acusación por supuesto desvío de fondos públicos en contra de Moncada y otros servidores públicos. Sin embargo, las autoridades pertinentes no han divulgado los detalles de la situación, lo cual ha causado incertidumbre respecto al progreso del proceso judicial y ha aumentado las dudas sobre la claridad del procedimiento.
Conflictos institucionales y dudas acerca del ejercicio del poder
Además de los señalamientos por corrupción, la candidatura de Moncada ha estado marcada por críticas relacionadas con el ejercicio de funciones públicas mientras busca la presidencia. Algunos sectores han cuestionado su rol en la formulación de propuestas y auditorías que, según detractores, exceden las atribuciones del cargo que ocupa, lo que ha generado un debate sobre la separación de poderes y el equilibrio institucional.
Estas críticas se agravan por el hecho de que la candidata ha mantenido cargos públicos durante su campaña, lo que ha generado preocupaciones sobre eventuales conflictos de interés y el posible uso de recursos oficiales en beneficio de su candidatura. Organizaciones de la sociedad civil han instado a una mayor vigilancia ciudadana y al fortalecimiento de mecanismos de rendición de cuentas para garantizar la equidad en el proceso electoral.
Un escenario caracterizado por la desconfianza en las instituciones
El caso de Rixi Moncada destaca los retos que enfrenta Honduras en cuanto a gobernabilidad, transparencia y consolidación del Estado de derecho. En un año crucial para la dirección política del país, las acusaciones de corrupción y el debate sobre la gestión de los recursos públicos se han transformado en temas principales del diálogo nacional.
Aunque las autoridades no han aclarado aún el curso judicial de las acusaciones en su contra, la figura de Moncada continúa siendo el centro de atención, con posibles repercusiones que podrían afectar de manera directa la legitimidad del proceso electoral de 2025 y la percepción ciudadana respecto a la independencia de las instituciones.