A cinco meses de las elecciones generales del 30 de noviembre, el partido en el poder, Libertad y Refundación (LIBRE), se enfrenta a una situación delicada caracterizada por rupturas internas, señalamientos de corrupción y una caída significativa en las preferencias de los votantes. En un panorama electoral cada vez más impredecible, el deterioro constante del partido gobernante pone en riesgo su continuidad en el gobierno.
Rupturas internas y falta de unión
La designación de Rixi Moncada como la postulante del oficialismo reveló conflictos latentes en LIBRE. La dimisión subsiguiente del legislador Jorge Cálix, alguien con experiencia en la organización, puso de relieve diferencias significativas sobre la dirección política y el liderazgo del partido. Cálix, junto con otros líderes que también se alejaron del grupo, criticó prácticas dictatorial y un ambiente de marginación.
Como respuesta, la dirigencia del partido convocó movilizaciones en respaldo tanto de la presidenta Xiomara Castro como de la propia Moncada. No obstante, estos actos no lograron revertir la percepción de una organización debilitada, sino que han sido interpretados por diversos sectores como intentos por retener el control político en medio de un entorno adverso.
Escándalos de corrupción y cuestionamientos a la transparencia
La situación empeoró cuando salieron a la luz supuestas anomalías en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), donde funcionarios simpatizantes del oficialismo fueron acusados de desviar recursos destinados a programas sociales. El caso más destacado fue el de la diputada Isis Cuéllar, cuya suspensión se comunicó junto con la revocación de fondos sociales y una medida sin precedentes: la renuncia en bloque del partido al fuero parlamentario.
Aunque estas determinaciones parecieran ser contundentes, grupos de oposición, especialmente el Partido Nacional, las evaluaron como maniobras simbólicas para desviar la atención. Según sus representantes, las acciones del oficialismo no han supuesto sanciones reales ni investigaciones efectivas que aseguren rendición de cuentas.
Inconformidad del ámbito privado y peticiones para detener la decadencia institucional
Las criticas no han estado restringidas al entorno político. Desde el mundo empresarial, figuras importantes han mostrado su inquietud por la dirección que está tomando la nación. En un discurso reciente, Eduardo Facussé, quien fue presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), culpó al gobierno directamente de traicionar la voluntad popular mediante acciones que, según su opinión, comprenden nepotismo, manejo arbitrario de los fondos del estado y falta de claridad en casos significativos como SEDESOL, el fraude Koriun y acusaciones sobre supuestos lazos con organizaciones delictivas.
Facussé alertó sobre la fragilidad de las instituciones y exhortó a la población a proteger el Estado de Derecho frente a lo que él percibió como un esfuerzo por establecer un sistema autoritario e insostenible económicamente.
Caída en los sondeos y reordenamiento del panorama electoral
Las encuestas de opinión más recientes reflejan un descenso acelerado de LIBRE en la intención de voto. De acuerdo con los datos recopilados entre mayo y junio, el apoyo al partido oficialista ha oscilado entre el 11 % y el 28.5 %, cifras muy por debajo del 42 % registrado en marzo. Esta tendencia descendente, junto con la volatilidad entre encuestas, sugiere una base electoral fragmentada y en busca de alternativas.
En paralelo, candidatos opositores como Salvador Nasralla y Nasry Asfura han ganado terreno, alcanzando niveles de apoyo que rondan entre el 25 % y el 36 %. Las calificaciones ciudadanas también son indicativas del desgaste del gobierno: la presidenta Xiomara Castro recibe una evaluación promedio de apenas 4.1 sobre 10, en un contexto marcado por escándalos no resueltos y una creciente percepción de ineficacia.
Una perspectiva ambigua para el gobierno actual
El contexto presente sitúa a LIBRE ante un reto de considerable envergadura. La mezcla de problemas internos, debilitamiento institucional, falta de confianza y desaprobación pública ha minado su posición de cara a las elecciones generales. Si esta tendencia persiste, el gobierno no solo arriesga perder el control del Ejecutivo, sino también poner en peligro la propuesta política que lo condujo al poder en 2021.
En esta situación, el resultado estará ligado a la habilidad del partido para reorganizar su estructura interna, escuchar las demandas de la sociedad y proporcionar soluciones concretas frente a las acusaciones de corrupción. Si no lo hacen, las elecciones del 30 de noviembre podrían representar un cambio significativo en el panorama político de Honduras.