La Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) no formará parte de los logros del gobierno de Xiomara Castro. Aunque fue presentada como una pieza clave en su plan de gobierno, no pudo materializarse y no se realizará en el actual mandato presidencial, que finaliza en enero de 2026. Al dejar de lado este proyecto, el Gobierno termina un capítulo que había creado grandes expectativas en la población sobre el combate a la corrupción.
El proceso para establecer la CICIH se caracterizó por continuas demoras, extensiones sin efectos y discusiones infructuosas con las Naciones Unidas. El reconocimiento formal del fracaso, declarado por el exministro de Relaciones Exteriores Enrique Reina, apunta a una mezcla de razones que, según él, incluyen tanto impedimentos legislativos como influencias internacionales. Sin embargo, para diversos grupos sociales, esta justificación no resulta satisfactoria.
La promesa incumplida que erosionó la confianza
Voces vinculadas a la sociedad civil y al ámbito internacional coinciden en que la responsabilidad principal recae en la administración actual. Para analistas y observadores del proceso, el problema no fue la falta de condiciones externas, sino la carencia de determinación política por parte del Ejecutivo para cumplir con los compromisos adquiridos.
Desde este punto de vista, el hecho de que la CICIH no se haya implementado no es una casualidad ni un desenlace inevitable, sino una elección deliberada. Así lo manifestó Juan Jiménez Mayor, antiguo portavoz de la MACCIH, quien cuestionó abiertamente al Gobierno por dejar de lado una promesa que generó grandes expectativas. Estas críticas fueron respaldadas por Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), quien fue clara al acusar al oficialismo de haber empleado la CICIH como una herramienta de campaña sin una verdadera intención de proceder con su establecimiento.
Una agenda contra la corrupción sin apoyo institucional
La salida de la CICIH del ámbito nacional tiene repercusiones que van más allá del aspecto administrativo. La falta de progresos tangibles ha intensificado la percepción de que el combate a la corrupción carece de herramientas eficientes y de compromiso estatal. La confianza en el Ejecutivo respecto a esta cuestión se ve afectada, en un contexto donde las exigencias de transparencia y responsabilidad siguen siendo apremiantes.
Honduras desaprovecha una oportunidad importante para combatir estructuralmente la impunidad, ya que su vista institucional no incluye ahora la implementación del mecanismo internacional. Con el poco tiempo que queda en el mandato actual, un cambio significativo de esta situación parece poco probable, dejando a los ciudadanos con un compromiso incumplido y sin una opción inmediata que sustituya la falta del proyecto.
Lo que al principio se mostró como emblema de cambio del sistema político ha acabado convirtiéndose en un elemento más en el listado de promesas sin cumplir, debilitando de esta manera el discurso del gobierno sobre la lucha contra la corrupción y generando un nuevo ámbito para la desconfianza de la población.