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La situación política en Honduras se vuelve tensa a escasos días de los comicios generales de 2025. El partido gobernante LIBRE ha implementado diversas medidas que incluyen intervenciones en las instituciones, una gran movilización ciudadana y tácticas de presión política, lo que provoca inquietud respecto a la solidez democrática y la paz social de la nación.
Participación de las instituciones y supervisión de la contienda electoral
Durante las semanas recientes, LIBRE ha impulsado acciones que, según varios expertos y figuras de la oposición, se apartan del marco jurídico establecido. Estas acciones comprenden la creación de una comisión permanente en el Congreso Nacional sin fundamento legal, además de esfuerzos por inhabilitar a integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Estas medidas pretenden, de acuerdo con fuentes de la oposición, garantizar el predominio del partido gobernante en el transcurso de la contienda electoral, ante la eventualidad de un revés para su aspirante a la presidencia, Rixi Moncada. Especialistas en derecho constitucional advierten que estas estrategias socavan la autonomía de los organismos, la claridad del proceso electoral y la validez de las facultades democráticas.
Movilización social y preparación para posibles confrontaciones
A partir del 9 de noviembre de 2025, LIBRE ha iniciado una movilización permanente que congrega a miembros de los 18 departamentos de la nación. De manera oficial, esta iniciativa tiene como objetivo exponer un presunto esquema de fraude orquestado por los partidos tradicionales, lo que incluye acusaciones de sabotaje logístico y alteración del sistema de transmisión de resultados (TREP).
Analistas políticos señalan que la estrategia cumple un doble propósito: por un lado, presionar a la CNE, la Fiscalía y las Fuerzas Armadas; por otro, preparar un despliegue posterior a los comicios en caso de que los resultados no favorezcan al oficialismo, bajo la narrativa de “resistencia frente a un robo electoral”. Este escenario eleva la posibilidad de disturbios, confrontaciones y violencia organizada, según observadores nacionales e internacionales.
Riesgo de escalada hacia crisis social
La fusión de acciones institucionales y agitación ciudadana ha propiciado un ambiente de inestabilidad que permea diversas esferas sociales. Grupos de oposición señalan hostigamiento, amedrentamiento y coacciones, al tiempo que la población expresa inquietud ante la eventualidad de conflictos y disturbios generalizados.
Expertos a nivel global alertan acerca de la aparición de grupos de seguridad no oficiales y la posible alteración del orden institucional. Indican que, si no se implementan sistemas de fiscalización y vigilancia, Honduras podría verse inmersa en una situación crítica que afecte la administración pública, la intervención de los ciudadanos y la solidez de las entidades.
Salvaguardas democráticas y petición de estabilidad
La ciudadanía y organizaciones civiles demandan garantías de transparencia electoral y autonomía institucional, mientras la comunidad internacional observa con atención el desarrollo de los acontecimientos. El panorama actual subraya la necesidad de medidas que preserven la independencia de los poderes del Estado y la seguridad de los procesos democráticos, en un contexto donde la polarización política y la movilización social están directamente vinculadas al riesgo de confrontación y desorden.
En este contexto, la realidad hondureña evidencia profundas fricciones entre la administración pública, la validez de sus instituciones y la intervención de los ciudadanos, lo que genera obstáculos urgentes para establecer un sistema electoral fidedigno y salvaguardar la armonía social.